Debido
a la importancia de esta reforma, y a la vez de lo que representa en la
cultura, sociedad y economía de México, ha sido denominada la madre de todas las reformas por muchos analistas, así como
dirigentes e ideólogos de la izquierda mexicana.
La
reforma modifica dogmas que se encuentran muy arraigados en los ciudadanos de
los sectores populares, así como también de la mayoría de la clase media, mas
no así con los ciudadanos que componen la clase alta.
La
reforma todavía sigue su proceso de aprobación, por lo que sería algo
anticipado crear un panorama completo del impacto de la reforma energética a
largo plazo en la economía de todos los niveles del Estado, sin embargo,
podemos hacer una especulación sobre dicha reforma.
Básicamente
la aprobación de ella, representa una cosa: la apertura del sector energético,
esto abarca el petróleo, el gas natural, la electricidad, etcétera. Este
fenómeno marca un punto muy importante, dado que la principal fuente de
ingresos del Estado mexicano es el petróleo, y al permitir la inversión
extranjera, se ha supuesto la posibilidad de la privatización de los recursos
energéticos.
Esto
se ejecutaría bajo la justificación de que es necesaria la apertura a la iniciativa privada, por parte de la paraestatal
más importante de México, debido a que
genera pocas ganancias al Estado, y que
con dicho acto, habría más inversión y tecnología para hacer a Pemex más
moderno, eficiente y rentable, esto de acuerdo a las campañas comerciales que
se han venido realizando por parte del gobierno.
Sin
embargo, hay especialistas entre los que destacan Lorenzo Meyer, Ifigenia
Martínez, Sergio Aguayo, Enrique C. Pérez entre muchos otros, que opinan que es
injustificado realizar una apertura de los recursos a empresas privadas, ya que
se pone en riesgo la soberanía, el patrimonio y hasta a los ciudadanos, debido
a que, como se mencionó anteriormente, los recursos energéticos, en especial
énfasis en el petróleo, son la principal fuente de ingresos del Estado.
México
en el 2005 producía aproximadamente tres millones de barriles de petróleo, que
representaban el 37 % del PIB, con la posibilidad de una apertura (a la I.P),
la especulación será a una mayor producción, sin embargo aún no se puede
estimar cuánto de ese incremento quedará en la economía mexicana (INEGI, 2005).
A continuación se darán los puntos más importantes de la
reforma:
1. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. Se mantiene la prohibición de otorgar
concesiones en materia de minerales radioactivos, transmisión y distribución de energía eléctrica, así́ como petróleo y demás hidrocarburos. Se establece que son actividades estratégicas exclusivas del Estado, la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos,
los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear, la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad.
2. El Estado podrá realizar las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos a través de asignaciones
otorgadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de contratos con PEMEX y/o con particulares. Los contratos podrán ser de:
servicios, utilidad compartida, producción compartida, de
licencia o cualquier combinación de las anteriores. La Comisión Nacional de
Hidrocarburos se encargará de realizar las
licitaciones, así como de suscribir y administrar los contratos.
3. Las empresas estatales
o particulares podrán reportar, para efectos contables y financieros, sus beneficios
esperados de asignaciones y contratos. En dichos instrumentos se deberá́ afirmar que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son
propiedad de la Nación.
4. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
el cual recibirá́ y administrará los ingresos petroleros de la Nación para procurar la
estabilidad de las finanzas públicas de México. Asimismo,
canalizará recursos para: ahorro de largo plazo, Sistema de
Pensión Universal, ciencia y tecnología, infraestructura
para el desarrollo nacional, becas, entre otros destinos.
5. Se permitirá la inversión privada en el
tratamiento y refinación de petróleo, así como en transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, gasolina, diésel y demás derivados.
Asimismo, privados podrán participar en toda la cadena petroquímica y realizar
actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Los particulares podrán realizar actividades de transmisión y distribución, bajo contrato
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
6. La Comisión Nacional de
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se fortalecerán para el mejor desarrollo del sector energético nacional.
Ambas comisiones se constituirán como organismos reguladores coordinados, con
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así́ como autosuficiencia presupuestaria. El nombramiento de los
comisionados corresponderá́ al Senado a partir
de una terna, propuesta por el Ejecutivo Federal.
7. PEMEX y CFE se
transformarán en empresas productivas del Estado, cuyo objeto será́ la creación de valor económico, con sentido de equidad y responsabilidad
social. Contarán con una mayor autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Los trabajadores son y continuarán siendo el
principal activo de estas empresas, por lo que sus derechos laborales serán respetados en
todo momento. PEMEX también se fortalecerá́ mediante la “ronda cero”, a través de la cual podrá escoger los campos
más productivos y las
áreas de exploración más prometedoras.
8. El Estado
procurará la protección y cuidado del
medio ambiente a través de criterios de sustentabilidad, el fomento de energías y combustibles más limpios, así́ como de medidas para propiciar la reducción de emisiones
contaminantes en la industria energética. Asimismo, se
creará un organismo desconcentrado para regular y
supervisar las actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad
industrial y protección al medio ambiente.
9. Se establece una convivencia
ordenada entre las distintas actividades en la superficie, en la que el sector
energético tendrá prioridad sobre otras actividades. Se mantiene
la posibilidad de que los mineros exploten el gas asociado a la mina de carbón. Asimismo, se
protege el derecho de mineros y agricultores, como dueños de la
superficie, para recibir un justo pago por la ocupación o afectación superficial que
haga la industria energética en su propiedad (Staff de
Presidencia, 2013).
Reforma
en materia de Política
La
reforma en materia política electoral es aprobada con la finalidad de
reestructurar y reformar el escenario político del país, desde una renovación y
depuración de los actores, hasta una reformulación de las instituciones que participan
en el juego del poder. Impulsada principalmente por la oposición en especial el
PRD y el PAN, da lugar a tres importantes cambios:
La
restructuración del Instituto Federal Electoral (IFE) en un nuevo organismo denominado Instituto
Nacional Electoral (INE). Esta reestructuración de la institución encargada de
la democracia del país, tiene como objetivo ser más eficaz en el control de los
procesos políticos, ya que mientras que con el IFE, existían 32 organismos
estatales que eran los encargados de las elecciones de sus estados, esta vez el
INE tendrá influencia a nivel nacional y será un gran organismo el que organice
dichos procesos electorales, además de que se añade una nueva posibilidad, y es
que el nuevo organismo puede tener la capacidad de organizar las elecciones internas
de los partidos políticos, lo cual crea rápidamente una controversia que hace
recordar los tiempos del partido hegemónico, en los que el que organizaba las
elecciones, era juez y ganador.
El
segundo cambio importante que imparte la reforma es la elevación del umbral
para que un partido pueda mantener su registro, que pasa de ser 2,5% a 3%. Si
bien pareciera un aumento insignificante, existen actualmente algunos partidos
políticos que no obtuvieron este margen en las pasadas elecciones, por lo que
de no haber una variación, esos partidos políticos desaparecerían.
La
tercera aportación de la reforma política-electoral y que aún hoy en día sigue
en el proceso de aprobación es la consulta
popular. La consulta aparece como una necesidad de la democracia mexicana
por crear nuevos espacios para la participación de los ciudadanos decepcionados
de los partidos políticos(Corona,
2010).
Sin embargo las limitantes puestas por los diputados, como la imposibilidad de
opinar sobre temas que sean de seguridad nacional, así como temas económicos, hacen
ver una brecha importante entre este mecanismo que parece un juego que sólo
quisiera la legitimidad, pero que realmente no la desea encontrar, de un
organismo real que representa una oportunidad apartidista de los ciudadanos
para expresarse.
A continuación se darán los puntos más importantes de la
reforma:
1. Reelección legislativa, con
el visto bueno de los partidos antes que de los votantes
Se
aprobó
la reelección de diputados y
senadores hasta por 12 años
(hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y hasta dos para
senadores a partir de 2018). Sin embargo, algunos legisladores consideran que
el verdadero poder de conceder la reelección primero, dependerá de las cúpulas partidistas
antes que del voto ciudadano, porque un legislador sólo podrá aspirar a reelegirse por el mismo
partido que lo postuló,
a menos que haya renunciado a él
antes de cumplir la mitad de su gestión. La reelección legislativa no
entraría en vigor para los
legisladores actuales.
2.
Reelección para diputados
locales y alcaldes
Los
congresos locales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en
sus leyes estatales. Este punto había
quedado como opcional en el proyecto del dictamen presentado 24 de febrero; sin
embargo, el PAN logró la
modificación en negociación con el PRI.
3.
Una
Fiscalía General, en vez
de PGR
La
Procuraduría General de la República (PGR) se
convertirá
en Fiscalía General a partir
de 2018 y tendrá
dos fiscalías especializadas:
una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Su titular será nombrado por dos
terceras partes del Senado y podrá ser
removido por el presidente, con el aval de la mayoría calificada de la Cámara alta. Las
condiciones de la remoción
también fueron
modificadas entre la madrugada del lunes y la mañana de este martes.
4.
Un
nuevo Instituto encargado de las elecciones.
Se
crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal
Electoral (IFE). El número
de consejeros subirá
de nueve a 11. Se
mantendrá
el método de selección actual, lo que
significa que seguirá eligiéndolos la Cámara de Diputados
por mayoría calificada, esto
es, dos tercios del pleno. El INE no organizará todas las elecciones, sino que se
encargará
principalmente de
las federales y se coordinará con
los órganos
estatales
para las locales. Podrá organizar
contiendas en los estados a petición
de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber inequidad.
5.
Retirar
el control de los institutos electorales estatales de los congresos
Los
órganos electorales
estatales adquirirán más libertad y su número de consejeros
se homologará
a siete en todos
los casos. Los consejeros serán
nombrados por el INE.
6.
Nulidad
de elecciones sólo en rebase de
gastos de campaña
"determinante" y "sistemático"
Se
establece la anulación
de una elección cuando haya
rebase de tope de gastos de campaña
o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta
fue "sistemática" y
"determinante" para el resultado, esto es, que entre el primero y
segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos.
7.
Más votos para
mantener un partido político
Aumento
del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para
conservar el registro. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumenta que esa medida lo
afectará
en más de 10 estados y
fomentará
el bipartidismo
PRI-PAN.
8.
Reducen
el tiempo entre la elección
y la toma de protesta
Se
adelanta la toma de posesión
del presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre, a partir del mandatario que
resulte electo en 2018. Esto acorta el tiempo entre la celebración de una elección federal (julio) y
el tiempo en que el ganador asume el cargo. También se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio de
gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto.
9.
Paridad
entre hombres y mujeres en el Congreso
Las
candidaturas a la Cámara de Diputados y
al Senado deberán ser 50% para
hombres y mujeres por igual. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de
reforma al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) este año para fomentar la
equidad de género. Inicialmente,
este punto había quedado pendiente
para las leyes secundarias.
10.
Gobiernos
de coalición
Se
establece la posibilidad de que el presidente entable un gobierno de coalición, cuyos términos tendrán que ser aprobados
por el Congreso. Los términos
y el programa de ese gobierno tendrán
que ser aprobados por el Senado, que también deberá ratificar a los integrantes del
gabinete presidencial, salvo a los secretarios de Defensa y Marina.
11.
Ratificación del gabinete
Si
no hay gobierno de coalición,
la Cámara de Diputados
tendrá
que ratificar al
secretario de Hacienda y el Senado al canciller.
12.
Rendición de cuentas en
seguridad
El
Senado tendrá
que ratificar la
estrategia nacional de seguridad del presidente y éste tendría que informar anualmente de los
resultados.
13.
Gastos
en publicidad oficial
También se deja para las
leyes secundarias regular la publicidad oficial, es decir, los gastos de
autoridades de todos los niveles para promocionarse en medios.
14. Autonomía
al Coneval
El Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) dejará de
depender del Poder Ejecutivo a partir de 2018 (CNN en Español,
2013).
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