miércoles, 9 de abril de 2014

Las Reformas de Enrique Peña Nieto: Energética y Política

Por: Pedro Iván Galeana Ramos

@pedroigaleana



Reforma en materia de Energía


Debido a la importancia de esta reforma, y a la vez de lo que representa en la cultura, sociedad y economía de México, ha sido denominada la madre de todas las reformas por muchos analistas, así como dirigentes e ideólogos de la izquierda mexicana.

La reforma modifica dogmas que se encuentran muy arraigados en los ciudadanos de los sectores populares, así como también de la mayoría de la clase media, mas no así con los ciudadanos que componen la clase alta.

La reforma todavía sigue su proceso de aprobación, por lo que sería algo anticipado crear un panorama completo del impacto de la reforma energética a largo plazo en la economía de todos los niveles del Estado, sin embargo, podemos hacer una especulación sobre dicha reforma.

Básicamente la aprobación de ella, representa una cosa: la apertura del sector energético, esto abarca el petróleo, el gas natural, la electricidad, etcétera. Este fenómeno marca un punto muy importante, dado que la principal fuente de ingresos del Estado mexicano es el petróleo, y al permitir la inversión extranjera, se ha supuesto la posibilidad de la privatización de los recursos energéticos.

Esto se ejecutaría bajo la justificación de que es necesaria la apertura  a la iniciativa privada, por parte de la paraestatal más importante de México,  debido a que genera pocas ganancias  al Estado, y que con dicho acto, habría más inversión y tecnología para hacer a Pemex más moderno, eficiente y rentable, esto de acuerdo a las campañas comerciales que se han venido realizando por parte del gobierno.

Sin embargo, hay especialistas entre los que destacan Lorenzo Meyer, Ifigenia Martínez, Sergio Aguayo, Enrique C. Pérez entre muchos otros, que opinan que es injustificado realizar una apertura de los recursos a empresas privadas, ya que se pone en riesgo la soberanía, el patrimonio y hasta a los ciudadanos, debido a que, como se mencionó anteriormente, los recursos energéticos, en especial énfasis en el petróleo, son la principal fuente de ingresos del Estado.

México en el 2005 producía aproximadamente tres millones de barriles de petróleo, que representaban el 37 % del PIB, con la posibilidad de una apertura (a la I.P), la especulación será a una mayor producción, sin embargo aún no se puede estimar cuánto de ese incremento quedará en la economía mexicana (INEGI, 2005).

A continuación se darán los puntos más importantes de la reforma:

1. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. Se mantiene la prohibición de otorgar concesiones en materia de minerales radioactivos, transmisión y distribución de energía eléctrica, así́ como petróleo y demás hidrocarburos. Se establece que son actividades estratégicas exclusivas del Estado, la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad.
2. El Estado podrá realizar las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos a través de asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de contratos con PEMEX y/o con particulares. Los contratos podrán ser de: servicios, utilidad compartida, producción compartida, de licencia o cualquier combinación de las anteriores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargará de realizar las licitaciones, así como de suscribir y administrar los contratos.
3. Las empresas estatales o particulares podrán reportar, para efectos contables y financieros, sus beneficios esperados de asignaciones y contratos. En dichos instrumentos se deberá́ afirmar que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la Nación.
4. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual recibirá́ y administrará los ingresos petroleros de la Nación para procurar la estabilidad de las finanzas públicas de México. Asimismo, canalizará recursos para: ahorro de largo plazo, Sistema de Pensión Universal, ciencia y tecnología, infraestructura para el desarrollo nacional, becas, entre otros destinos.
5. Se permitirá la inversión privada en el tratamiento y refinación de petróleo, así como en transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, gasolina, diésel y demás derivados. Asimismo, privados podrán participar en toda la cadena petroquímica y realizar actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Los particulares podrán realizar actividades de transmisión y distribución, bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
6. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se fortalecerán para el mejor desarrollo del sector energético nacional. Ambas comisiones se constituirán como organismos reguladores coordinados, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así́ como autosuficiencia presupuestaria. El nombramiento de los comisionados corresponderá́ al Senado a partir de una terna, propuesta por el Ejecutivo Federal.
7. PEMEX y CFE se transformarán en empresas productivas del Estado, cuyo objeto será́ la creación de valor económico, con sentido de equidad y responsabilidad social. Contarán con una mayor autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Los trabajadores son y continuarán siendo el principal activo de estas empresas, por lo que sus derechos laborales serán respetados en todo momento. PEMEX también se fortalecerá́ mediante la ronda cero, a través de la cual podrá escoger los campos más productivos y las áreas de exploración más prometedoras.
8. El Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente a través de criterios de sustentabilidad, el fomento de energías y combustibles más limpios, así́ como de medidas para propiciar la reducción de emisiones contaminantes en la industria energética. Asimismo, se creará un organismo desconcentrado para regular y supervisar las actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.
9. Se establece una convivencia ordenada entre las distintas actividades en la superficie, en la que el sector energético tendrá prioridad sobre otras actividades. Se mantiene la posibilidad de que los mineros exploten el gas asociado a la mina de carbón. Asimismo, se protege el derecho de mineros y agricultores, como dueños de la superficie, para recibir un justo pago por la ocupación o afectación superficial que haga la industria energética en su propiedad (Staff de Presidencia, 2013).

Reforma en materia de Política

La reforma en materia política electoral es aprobada con la finalidad de reestructurar y reformar el escenario político del país, desde una renovación y depuración de los actores, hasta una reformulación de las instituciones que participan en el juego del poder. Impulsada principalmente por la oposición en especial el PRD y el PAN, da lugar a tres importantes cambios:

La restructuración del Instituto Federal Electoral (IFE)  en un nuevo organismo denominado Instituto Nacional Electoral (INE). Esta reestructuración de la institución encargada de la democracia del país, tiene como objetivo ser más eficaz en el control de los procesos políticos, ya que mientras que con el IFE, existían 32 organismos estatales que eran los encargados de las elecciones de sus estados, esta vez el INE tendrá influencia a nivel nacional y será un gran organismo el que organice dichos procesos electorales, además de que se añade una nueva posibilidad, y es que el nuevo organismo puede tener la capacidad de organizar las elecciones internas de los partidos políticos, lo cual crea rápidamente una controversia que hace recordar los tiempos del partido hegemónico, en los que el que organizaba las elecciones, era juez y ganador.

El segundo cambio importante que imparte la reforma es la elevación del umbral para que un partido pueda mantener su registro, que pasa de ser 2,5% a 3%. Si bien pareciera un aumento insignificante, existen actualmente algunos partidos políticos que no obtuvieron este margen en las pasadas elecciones, por lo que de no haber una variación, esos partidos políticos desaparecerían.

La tercera aportación de la reforma política-electoral y que aún hoy en día sigue en el proceso de aprobación es la consulta popular. La consulta aparece como una necesidad de la democracia mexicana por crear nuevos espacios para la participación de los ciudadanos decepcionados de los partidos políticos(Corona, 2010). Sin embargo las limitantes puestas por los diputados, como la imposibilidad de opinar sobre temas que sean de seguridad nacional, así como temas económicos, hacen ver una brecha importante entre este mecanismo que parece un juego que sólo quisiera la legitimidad, pero que realmente no la desea encontrar, de un organismo real que representa una oportunidad apartidista de los ciudadanos para expresarse.

A continuación se darán los puntos más importantes de la reforma:

1.     Reelección legislativa, con el visto bueno de los partidos antes que de los votantes
Se aprobó la reelección de diputados y senadores hasta por 12 años (hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y hasta dos para senadores a partir de 2018). Sin embargo, algunos legisladores consideran que el verdadero poder de conceder la reelección primero, dependerá de las cúpulas partidistas antes que del voto ciudadano, porque un legislador sólo podrá aspirar a reelegirse por el mismo partido que lo postuló, a menos que haya renunciado a él antes de cumplir la mitad de su gestión. La reelección legislativa no entraría en vigor para los legisladores actuales.

2.     Reelección para diputados locales y alcaldes
Los congresos locales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales. Este punto había quedado como opcional en el proyecto del dictamen presentado 24 de febrero; sin embargo, el PAN logró la modificación en negociación con el PRI.

3.     Una Fiscalía General, en vez de PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General a partir de 2018 y tendrá dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Su titular será nombrado por dos terceras partes del Senado y podrá ser removido por el presidente, con el aval de la mayoría calificada de la Cámara alta. Las condiciones de la remoción también fueron modificadas entre la madrugada del lunes y la mañana de este martes.

4.     Un nuevo Instituto encargado de las elecciones.
Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE). El número de consejeros subirá de nueve a 11. Se mantendrá el método de selección actual, lo que significa que seguirá eligiéndolos la Cámara de Diputados por mayoría calificada, esto es, dos tercios del pleno. El INE no organizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos
estatales para las locales. Podrá organizar contiendas en los estados a petición de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber inequidad.
5.     Retirar el control de los institutos electorales estatales de los congresos
Los órganos electorales estatales adquirirán más libertad y su número de consejeros se homologará a siete en todos los casos. Los consejeros serán nombrados por el INE.

6.     Nulidad de elecciones sólo en rebase de gastos de campaña "determinante" y "sistemático"
Se establece la anulación de una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue "sistemática" y "determinante" para el resultado, esto es, que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos.
7.     Más votos para mantener un partido político
Aumento del 2% al 3% el porcentaje de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumenta que esa medida lo afectará en más de 10 estados y fomentará el bipartidismo PRI-PAN.

8.     Reducen el tiempo entre la elección y la toma de protesta
Se adelanta la toma de posesión del presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 2018. Esto acorta el tiempo entre la celebración de una elección federal (julio) y el tiempo en que el ganador asume el cargo. También se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio de gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto.

9.     Paridad entre hombres y mujeres en el Congreso
Las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado deberán ser 50% para hombres y mujeres por igual. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) este año para fomentar la equidad de género. Inicialmente, este punto había quedado pendiente para las leyes secundarias.

10. Gobiernos de coalición
Se establece la posibilidad de que el presidente entable un gobierno de coalición, cuyos términos tendrán que ser aprobados por el Congreso. Los términos y el programa de ese gobierno tendrán que ser aprobados por el Senado, que también deberá ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, salvo a los secretarios de Defensa y Marina.

11. Ratificación del gabinete
Si no hay gobierno de coalición, la Cámara de Diputados tendrá que ratificar al secretario de Hacienda y el Senado al canciller.

12. Rendición de cuentas en seguridad
El Senado tendrá que ratificar la estrategia nacional de seguridad del presidente y éste tendría que informar anualmente de los resultados.

13. Gastos en publicidad oficial
También se deja para las leyes secundarias regular la publicidad oficial, es decir, los gastos de autoridades de todos los niveles para promocionarse en medios.


14. Autonomía al Coneval
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dejará de depender del Poder Ejecutivo a partir de 2018 (CNN en Español, 2013).



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